Ante la ausencia de Cusi en la sesión de Diputados, los legisladores optaron por dar cumplimiento al informe de la Comisión de Justicia Plural, que recomendaba imputar a la autoridad y pedía la pena máxima de diez años.
La Cámara Baja formalizó primero la acusación que da pie al juicio y luego lo suspendió de sus funciones en vigor a la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades. Los delitos por los que se procesa a Cusi son: prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.
Ahora será incluido, junto a Soraida Chánez y Ligia Velásquez, en el juicio de responsabilidades que se iniciará el 4 de noviembre en el Senado.
Chánez y Velásquez fueron acusadas y suspendidas de sus funciones en junio. En ese proceso debía estar Cusi, pero por su estado de salud —que aquella vez lo obligó a internarse en un hospital— se postergó su audiencia de acusación formal, informó el diputado Rodolfo Calle.
Cusi fue presidente de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional y junto a Chánez y Velásquez emitieron un auto constitucional, en marzo, que suspendió temporalmente la Ley del Notariado. Luego en mayo fue enmendada la resolución, pero se dejó vigentes algunas medidas cautelares como: “la prohibición de la elaboración del reglamento de esta normativa, la abstención para la designación de autoridades internas, y la inhibición de archivos y documentos”.
Tras este incidente, los magistrados fueron denunciados ante la Asamblea Legislativa por las notarias Norka Soto y Stenka Udaeta, lo que activó este primer juicio en contra de las autoridades judiciales electas en 2011. El Senado, que hace las funciones de Tribunal de Sentencia, convocó para el 4 de noviembre a la apertura del juicio, en el que se incluye ahora a Cusi.
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