Bolivia avanza hoy hacia la consolidación de dos leyes que serán fundamentales para el país en el inicio del año próximo: la Ley de Transición del Órgano Judicial y la del Presupuesto General del Estado para 2012.
El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García, afirmó recientemente que esa instancia debatiría en el venidero mes de diciembre ambas normativas.
La Ley de Transición Judicial, explicó, encaminará la nueva administración de justicia, que se instaurará en enero con la toma de posesión en Sucre, Chuquisaca, de los 56 magistrados recién electos por voto popular de los Tribunales Constitucional, Supremo de Justicia y Agroambiental; y del Consejo de Magistratura.
Esa Ley se está socializando y la deberíamos aprobar antes del cierre de esta legislatura, previsto del 20 de diciembre próximo al 3 de enero de 2012, porque no podemos llegar a fin de año sin aprobarla, ni la del Presupuesto de 2012, argumentó la víspera el jefe del Legislativo a medios de prensa en La Paz.
La Ley de Transición permitirá el comienzo de una administración de justicia más transparente y la respuesta a 470 mil procesos aún pendientes en Bolivia, acotó.
De acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, esas autoridades deben responder únicamente al mandato de la Constitución del Estado y las leyes.
"No son autoridades políticas, son autoridades judiciales que no deben responder a ningún tipo de presión", remarcó el titular de Diputados. Asimismo, el vicepresidente García detalló que el proyecto de Presupuesto de 2012 ya fue aprobado en la Comisión económica de la Cámara de Diputados y, por tanto, se prevé que en los próximos días ingrese a debate en el pleno de la instancia legislativa.
El gobierno boliviano adelantó que ese plan privilegia las políticas sociales y los proyectos productivos.
Según explicó a la prensa el vicepresidente García, la propuesta de esos recursos garantiza los derechos sociales e incluye a la inversión productiva.
Indicó que el nuevo presupuesto asume el ambiente de crisis internacional sin restringir los beneficios y ayudas económicas para los ancianos (Renta Dignidad), los escolares (Bono Juancito Pinto) y las embarazadas (Bono Juana Azurduy).
También garantiza los salarios de los trabajadores, que por mandato del presidente Evo Morales deben ser superiores a la inflación registrada por año, que para 2011 se prevé sea del seis por ciento.
Asimismo están garantizados los recursos para el seguro agrícola que será implementado el próximo año, como parte de la Ley de Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria, apuntó.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Arce, informó hace pocos días que el presupuesto general del próximo año se incrementó en 22 por ciento en relación con 2011, sumando en total 145 mil 943 millones de bolivianos (poco más de 21 mil millones de dólares).
Recordó que esos ingresos provienen principalmente de las utilidades de las empresas estatales, entre ellas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Esta Ley presupuestaria debe ser implementada desde el 1 de enero de 2012, argumentó el presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, quien consideró además que las reglas complementarias a ambas normas pueden ser aprobadas en enero o febrero próximo.
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