Oposición tras marcha indígena en Bolivia

Las más recientes evidencias mostradas en Bolivia por autoridades gubernamentales y testimonios de integrantes de la etnia ayoreos, quienes participaban en una marcha indígena en protesta por la construcción de una carretera, dan cuenta de que la oposición a Evo Morales y los Estados Unidos están detrás de esta nueva maniobra para desestabilizar al país.

La medida de presión se inició el pasado 15 de agosto en la ciudad de Trinidad, impulsada sobre todo por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Bolivianos (Cidob), que encabeza Adolfo Chávez.

Los originarios se oponen a la construcción del segundo tramo de 177 kilómetros, obra que asumió la empresa brasileña OAS y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Los tramos I y III recibieron la licencia ambiental, sin otros contratiempos.

Esa etapa de la vía atraviesa el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), y una veintena de más de 60 comunidades que allí viven aseveran que el camino podría dañar la biodiversidad y el medio ambiente.

El Tipnis, ubicado entre los departamentos de Beni y Cochabamba, posee doble categoría de protección: desde 1965 es un parque nacional.

Y a partir de la "marcha por el territorio y la dignidad" de 1990, constituye un territorio indígena donde habitan ancestralmente los pueblos moxeño, yuracaré y chimane en 64 comunidades con una población de aproximadamente seis mil habitantes.

Con una extensión de casi un millón 100 mil de hectáreas, el Tipnis tiene una importancia fundamental para la conservación ambiental en Bolivia debido a su gran riqueza en biodiversidad.

Comprende alrededor del 40 por ciento del patrimonio biológico del país y la existencia de extensos bosques naturales que cumplen una función de sumidero de carbono, aportando a controlar el efecto invernadero.

GOBIERNO LLAMA AL DIÁLOGO 

Con recientes propuestas de ABC sobre el nuevo tramo, el gobierno boliviano llamó al diálogo a los indígenas del oriente.

Por indicaciones del presidente Morales, se envió una comisión de alto nivel integrada por los ministros de la Presidencia, Carlos Romero, y de Obras Públicas, Walter Delgadillo, y otros directivos.

Romero destacó la voluntad de diálogo que siempre ha manifestado el mandatario, y la disposición de escuchar alternativas sobre ese camino que unirá la localidad de Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni) trayendo más progreso y desarrollo a la región.

También cuestionó que tras dos días de caminata, los manifestantes presentaron un nuevo pliego de demandas de 16 puntos, antes desconocido por el Ejecutivo.

Para el Gobierno hay nuevas exigencias incompatibles con los proyectos de desarrollo nacional, entre ellas la paralización de todas las labores de explotación de hidrocarburos en la zona.

Asimismo denunció intereses políticos detrás de la protesta, que rechazan otras organizaciones sociales como el Consejo de Indígenas del Sur o la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, además de pobladores de localidades como San Ignacio de Moxos, quienes piden la construcción de esa vía.

ALERTAS DE PALACIO QUEMADO 

De manera temprana, el jefe del Estado Plurinacional alertó sobre sospechosas denuncias de la derecha interna y de Estados Unidos, de vincular la carretera en construcción con el narcotráfico.

En ese sentido, llamó a ser responsables con Bolivia y no involucrarse con los vendepatrias y las oligarquías bajo el tutelaje de Washington.

El dignatario alertó además sobre las nuevas maniobras de los enemigos del cambio, que utilizan a las Organizaciones No Gubernamentales, financiadas por el norteño país y algunas naciones europeas para desestabilizar a la nación.

En el caso de la marcha, Morales mencionó al llamado Fondo Verde como una de las agrupaciones foráneas que, bajo el pretexto de la defensa de naturaleza, impulsa este tipo de protestas.

Morales también denunció ante medios estatales de prensa que funcionarios de la embajada de Estados Unidos en La Paz, como Eliseo Albelo, asesor en asuntos indígenas, sostuvieron llamadas telefónicas con dirigentes del Comité de Marcha.

Entre esos contactos mencionó a Pedro Nuni, diputado del gubernamental Movimiento al Socialismo, a Rafael Quispe, de los ayllus y maykus, y a Roxana Marupa, esposa del secretario de la Cidob, Adolfo Chávez.

El estadista adelantó que evaluarán la presencia en Bolivia de la Agencia de Estados Unidos para la Cooperación Internacional (Usaid), debido a denuncias de injerencia en asuntos internos por parte de varias organizaciones sociales que piden su expulsión del país.

Por su parte, Romero presentó pruebas sobre los vínculos de algunos dirigentes de la caminata para facilitar el tráfico de tierras y madera a empresarios bolivianos y extranjeros.

Dijo que esas pruebas son denuncias presentadas por las propias organizaciones originarias del oriente sobre la venta de parcelas en los llamados Territorios Comunitarios de Origen (TCO), acción prohibida por la Constitución Política del Estado, de 2009.

La autoridad presentó documentos sobre denuncias de ventas de extensiones por montos desde cinco mil y hasta 200 mil dólares.

Agregó que también hay acciones ilegales cuando esos dirigentes avalan a empresas madereras, ganaderas y otras con concesiones de tierras, las cuales las tienen abandonadas sin que cumplan su función económica y social.

Sobre las llamadas telefónicas de la embajada norteamericana, Romero dijo que no son propias de una relación bilateral que respete la soberanía de un Estado y no se inmiscuya en asuntos internos.

Precisó Romero que el ministro consejero de la misión estadounidense, William Mozdzierz, le confirmó que el encargado de asuntos indígenas, Eliseo Abelo, mantuvo contacto telefónico con los dirigentes del Tipnis.

El diplomático reveló que ese tipo de comunicaciones también se sostienen con algunos líderes y analistas con el objetivo de obtener información acerca de la situación del país.

Para Romero, en este caso se vulneró el artículo 41 de la Convención de Viena, en la cual se señala expresamente que todas las personas que gozan de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y están obligadas a no inmiscuirse en sus asuntos internos.

Sobre el tema, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, descartó que el Estado haya intervenido teléfonos para probar dichos vínculos, sino que pidió con una orden fiscal la relación de las llamadas telefónicas.

Llorenti aseveró que la solicitud del registro de llamadas fue presentada en cumplimiento de todos los procedimientos legales, en el marco de las responsabilidades en resguardo de la seguridad del Estado.

En consecuencia, la marcha comienza a declinar.

Algunos de sus participantes, como unos 100 representantes de los pueblos ayoreos, se retiraron de la caminata, criticando además a sus dirigentes por la falta de atención y haberles engañado sobre los propósitos de la marcha.

Para el ministro Romero, la movilización tiene como objetivo central romper al Estado por la columna vertebral, porque rechazan la construcción de carreteras y piden la anulación de las leyes.